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NUEVO BONO SOCIAL


El Bono Social es un descuento destinado a personas con dificultades para pagar la factura de la luz. Aunque tenga aspectos mejorables, se trata sin duda alguna de la mejor alternativa para aquellos que cumplan sus requisitos. Por ello te animamos a que revises si tienes derecho al bono social y si crees que puedes optar a él, lo solicites cuanto antes. Te explicamos paso a paso cómo solicitarlo. 


Verifica que cumples los requisitos

Puedes ver los requisitos aquí. No olvides que la solicitud sólo puede realizarse para la vivienda habitual y que los requisitos deben cumplirse por el titular del suministro. Si el titular del suministro forma una unidad familiar (a efectos de declaración de la renta), deberán cumplir los requisitos entre todos ellos. Los datos económicos a tener en cuenta son los de la última declaración de la renta disponible.

Solo con la tarifa PVPC

El Bono Social consiste en un descuento sobre la tarifa regulada PVPC, Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, por lo que únicamente está disponible con las comercializadoras de referencia que ofrecen esta tarifa y excluirá a los hogares con más de 10 kW de potencia contratada, al no poder optar al PVPC si no reducen la potencia.
Por ello, el primer paso es comprobar si tienes contrato con alguna de las 8 compañías que ofrecen esta tarifa:
Nombre empresa
Teléfono 
Web 
 EDP COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO S.A
900 902 947
 EDP
 ENDESA ENERGÍA XXI S.L
800 760 333 
 TERAMELCOR S.L
800 007 943
 CHC COMERCIALIZADOR DE REFERENCIA, S.L.U
 900 814 023
 VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L
 900 101 005
 GAS NATURAL S.U.R.SDG, S.A
 900 100 283
BERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO
 900 200 708
 EMPRESA DE ALUMBRADO ELÉCTRICO DE CEUTA COMERCIALIZACIÓN DE REFERENCIA S.A
 900 103 306
Si no eres todavía cliente, puedes elegir cualquiera de ellas, excepto las comercializadoras orientadas a vecinos de Ceuta y Melilla si no resides allí. Con todas las condiciones del bono social serán exactamente las mismas. Es fundamental que te fijes bien en su nombre, ya que todas ellas tienen en su mismo grupo otra opción con un nombre y un logo casi idénticos. Es posible que necesites consultar tu factura para salir de dudas.
No obstante para facilitar el trámite, en la solicitud del bono social que presente a la comercializadora de referencia elegida, se acepta que formalicen el cambio de compañía si todavía no está con ella.

Cómo lo solicito

Cada comercializadora de referencia debe ofrecer la posibilidad de solicitar el bono social y la documentación necesaria para ello por diferentes canales (correo postal, en oficinas, email, fax o web de la comercializadora). Por ello, lo más sencillo es contactar con ellos telefónicamente y acordar la forma más cómoda para presentar la solicitud y la documentación necesaria.
No obstante, para que el consumidor esté considerado en riesgo de exclusión social (y así beneficiarse de la factura eléctrica gratuita), será necesario tramitarlo a través de los servicios sociales de la administración autónomica o local, ya que para contar con este beneficio especial, además de cumplir los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable severo.

Documentación a presentar

La documentación a presentar varía en función de la situación personal de cada solicitante, pero básicamente consiste en:



  • Completar y firmar formulario por el titular y el resto de la unidad familiar. Presta mucha atención a la hora de cumplimentarlo y no dudes en consultar con la compañía.
  • Fotocopia del NIE o NIE del titular y del resto de la unidad familiar
  • En el caso de que el titular forme parte de una unidad familiar, libro de familia o certificación de la hoja individual del Registro Civil de cada uno de los integrantes de la unidad familiar. En caso de no formar parte de una unidad familiar, hoja individual del Registro Civil o cualquier documento expedido por la autoridad competente que acredite el estado civil del solicitante.
  • Certificado de empadronamiento, individual o conjunto, del titular y de todos los miembros de la unidad familiar.
Además:
  • Las familias numerosas: Fotocopia del título de familia numerosa (si procede)
  • Consumidores con circunstancias especiales (minusvalía con discapacidad igual o superior al 33%, víctima de violencia de género o víctima de terrorismo): certificaod que acredite esa situación
  • Los requisitos de renta y de pensiones mínima, requieren implican autorizar que se hagan las comprobaciones necesarias. Sin embargo, para suministros de País Vasco o Navarra, es imprescindible aportar también la Declaración de la renta o certificado de imputaciones de cada uno de los miembros de la unidad familiar. En estas comunidades, las familias numerosas solo para las solicitudes de consumidor vulnerable severo.
El plazo para atender las solitudes de Bono Social es de 15 días, aunque este podría ser mayor si es necesario realizar el cambio de comercializadora y especialmente mientras echa a andar el nuevo reglamento. Una vez comunicado su aceptación, la compañía lo debe aplicar en la primera factura posible, siempre y cuando esa factura se emita con quince días hábiles desde la solicitud.

Y cómo conservarlo

El bono social se aplicará durante un plazo de 2 años, siempre y cuando se mantenga la situación que dio derecho a su percepción. Tan sólo las familias numerosas que sean perceptoras del bono social, podrán beneficiarse de él, sin necesidad de renovarlo mientras se mantenga vigente el correspondiente título de familia numerosa. Por ello es importante anotar la fecha y antes de la finalización del plazo de dos años, y en todos los casos con una antelación mínima de quince días hábiles de la finalización de dicho plazo, solicitar su renovación, revisando la autorizaciones y situación económica.
La comercializadora también está obligada a que en la última factura que emita antes del vencimiento del plazo para solicitar la renovación del bono social, le advierta de este hecho. Si se pierde este beneficio se mantendrá con la tarifa PVPC pero sin el descuento adicional.
Y por supuesto, mientras seas beneficiario del bono socialno aceptes ninguna propuesta de descuento o rebaja adicional que te haga un comercial, ya que en realidad te estará proponiendo un cambio de compañía y perder el Bono Social.  Si tienes el bono social, y quieres optimizar aún más tu factura sólo te queda ajustar bien la potencia contratada y activar la discriminación horaria

¿Y si no cumplo los requisitos?

Si no reúnes los requisitos para tener el Bono Social, existen otras maneras de ahorrar en la factura de energía. El mejor método para conseguir pagar menos en tus facturas de gas y luz es utilizar nuestro:

https://www.ocu.org/vivienda-y-energia/gas-luz/calculadora/gas-electricidad/?landingpage

 

¿Quién puede acceder al Bono Social?

Se han creado tres tipos de categorías de beneficiarios del bono social, con diferentes requisitos de acceso. El IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) es el indicador básico que se usará para determinar los umbrales de renta de las diferentes categorías. Los umbrales pueden modificarse en algunas circunstancias (en caso de minusvalía, por ejemplo).
  • Los consumidores vulnerables. Se consideran así las unidades familiares sin menores que tengan una renta anual inferior o igual a 1,5 veces el IPREM (14 pagas). También las unidades familiares donde haya un menor y cuyos ingresos no superen dos veces el IPREM. En el caso de hogares con dos menores, el límite se fija en 2,5 veces el IPREM.
  • Se crea una categoría de hogares vulnerables severos que tienen unos niveles de renta inferiores, que se establecen en el 50% de los límites establecidos para cada categoría de consumidor vulnerable (o sea, 0,75 veces el IPREM si no hay menores, el IPREM en caso de que haya un menor y 1,25 veces el IPREM con dos o más menores.
  • Se crea una categoría de hogares vulnerables severos en riesgo de exclusión social. Son hogares en los que la administración local o autonómica decide intervenir, contribuyendo con el 50% del coste de ese suministro.
Además siguen siendo beneficiarios del bono social 
  • Las familias numerosas, como hasta ahora, sin límite de renta, aunque serán considerados consumidores vulnerables severos solo si su renta anual es menor o igual a 2 veces el IPREM.
  • Hogares con todos los integrantes pensionistas que perciban la cuantía mínima vigente. Si no superan el IPREM serán considerados hogares vulnerables severos.
En todos los casos, en hogares con colectivos especiales (discapacidad superior al 33%, víctimas de terrorismo o violencia de género), el punto de corte se amplía en 0,5 veces el IPREM.

¿Cuáles serán los beneficios?

El bono social supone descuento del 25% de la factura de electricidad, que sube hasta el 40% en el caso de los consumidores vulnerables severos. Los consumidores identificados como en riesgo de exclusión social tendrán la factura gratuita.
Este descuento del bono social solo será aplicable a un consumo mensual básico que se asignará a cada tipo de hogar: el exceso sobre esa cifra se factura a un precio normal. Esta es una de las medidas más controvertidas, pues merma en parte la ventaja del bono social de algunos hogares, especialmente los que utilizan la electricidad como sistema de calefacción, ya que los meses de frío, la mayor parte de su consumo no podrá beneficiarse del descuento del 25 o 40% al superar el límite mensual. Los límites son:
Límites anuales (prorrateo mensual) del Bono Social
Unidad familiar sin menores
100 kWh/mes (1200 kWh/año)
Unidad familiar con un menor
140 kWh/mes (1680 kWh/año)
Unidad familiar con dos menores
170 kWh/mes (2040 kWh/año)
Familias numerosas
300 kWh/mes (3600 kWh/año)
Pensionistas
140 kWh/mes (1680 kWh/año)
En caso de impago, los hogares con bono social dispondrán de un periodo de 4 meses antes de que su comercializadora inicie el proceso de corte de suministro. Este proceso se interrumpirá en caso de consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social. 

Cada dos años toca renovarlo 

Las ventajas del bono social no son permanentes. Es preciso renovarlo cada dos años, presentando una nueva solicitud ante la comercializadora. Tan solo las familias numerosas podrán disfrutarlo sin necesidad de renovarlo mientras gocen de esa consideración.
Para OCU, renovar el derecho al bono social es un engorroso trámite adicional, que dejará fuera del sistema a algunos consumidores, especialmente a los hogares formados por personas mayores, para quienes es a veces complicado hacer un trámite, sobre todo teniendo en cuenta le reducido número de oficinas de atención al cliente

¿Qué debo hacer?

  • Si hasta ahora no tenías bono social pero cumples alguno de los nuevos requisitos empieza las tramitaciones cuanto antes para beneficiarte cuanto antes de él. Para ello es necesario ser cliente de una comercializadora de referencia (PVPC), o solicitarlo en el mismo trámite, y solo podrás hacerlo para tu domicilio habitual. Ten en cuenta que no podrá haber ninguna penalización por romper el contrato vigente para activar el Bono Social, y que si necesitas cambiar de titular, la distribuidora no puede exigirte la revisión de tu instalación eléctrica aunque el Boletín de Instalación de la vivienda tenga más de 20 años.
  • Si tienes ahora bono social y crees que vas a seguir teniendo derecho a disfrutarlo,  no te precipites en cambiar nada. Se ha prorrogado la vigencia del actual Bono Social hasta octubre de 2018, con la ventaja adicional de que no mientras mantengas el antiguo bono social no te aplicarán los límites mensuales de consumo beneficiado con el descuento. Tan sólo hay una excepción… que puedas cumplir los requisitos de renta para ser tener la consideración de consumidor vulnerable severo. En estos casos te conviene iniciar la tramitación cuanto antes para poder beneficiarte del 40% de descuento en vez del 25%.
  • Si hasta ahora has tenido bono social y con el nuevo no tendrás derecho, porque no estás entre las categorías de beneficiarios, seguirás disfrutando de él hasta octubre de 2018. El colectivo más importante de beneficiarios del bono social son hogares con menos de 3 kW de potencia , todos ellos lo perderán en esa fecha el bono social por lo que será el momento de buscar mejores alternativas y valorar si subir la potencia contratada una vez que han perdido este beneficio.

Fuente: Organización de Consumidores y Usuarios. https://www.ocu.org/vivienda-y-energia/gas-luz/noticias/reglamento-bono-social

"No dejemos a nadie atrás". Ana Peláez Narváez.


Imágen Ana Peláez NarváezAunque la sociedad ha avanzado, la discriminación de las mujeres sigue persistiendo, ahora, quizás, incluso de una forma mucho más sutil. Y, pese a que los movimientos de mujeres han desempeñado un papel fundamental en impulsar cambios, esforzándose por empoderar y preparar a las mujeres para la lucha por la igualdad, no ha ocurrido así con las mujeres con discapacidad: de un lado, los movimientos de mujeres sin discapacidad siguen sin tener conciencia de sus necesidades; pero, de otro, tampoco el movimiento asociativo de la discapacidad les ha prestado la suficiente atención, a pesar de los avances (más nominales que reales), que algunas de estas organizaciones han querido imprimir a su acción en favor de la causa del género.

Consecuentemente, las mujeres con discapacidad siguen quedando al margen de todos los movimientos de derechos humanos y permanecen inmóviles en una posición de clara desventaja en la sociedad. Y es que su situación de mujer con discapacidad no solamente es peor que la de las mujeres sin discapacidad, sino también que la de sus iguales masculinos; especialmente en el medio rural, donde sigue predominando un régimen matriarcal y un sistema económico primario, con menos servicios y oportunidades para esta población que en el medio urbano. Sin embargo, ni las políticas públicas, ni los estudios que éstas impulsan reparan en esta flagrante discriminación, entre otras razones, por no tomar en consideración la inclusión de indicadores que contemplen la perspectiva de género unida a la de la discapacidad, de manera que puedan dar cuenta de su realidad en el seno de la familia, en el acceso a la educación o a los servicios sanitarios, por poner ejemplos de ámbitos críticos para los procesos de inclusión. Lo mismo sucedería si se analizaran con perspectiva de género las escasas oportunidades que tales mujeres tienen para incorporarse al mercado laboral o su limitado conocimiento de la legislación existente y de los servicios dirigidos a las personas con discapacidad o de mujeres en general. El olvido mutuo entre las perspectivas de género y de discapacidad en las diferentes iniciativas políticas y legislativas de los últimos tiempos invisibilizan las necesidades de esta población, sometiéndola a una persistente desigualdad estructural.

El empoderamiento de las mujeres con discapacidad se convierte, por lo tanto, en la necesidad urgente del momento, dado que ni la sociedad, ni los poderes públicos, ni los movimientos de mujeres, ni tampoco los de las personas con discapacidad, hemos reconocido verdaderamente sus necesidades e intereses.

El módulo específico de la Encuesta Europea de Población Activa (LFS) de 2002 – basada en la auto percepción – sugiere que las mujeres con discapacidad representan aproximadamente el 16% de la población total de las mujeres en Europa.[1] Este dato está basado en una población actual de mujeres casi por debajo de 250 millones, lo que quiere decir que en la Unión Europea existen aproximadamente 40 millones de mujeres y niñas con discapacidad.

Para superar la falta de equidad y las barreras que actualmente impiden que esta población femenina con discapacidad participe plena y equitativamente en la sociedad, desde el Foro Europeo de la Discapacidad y sus organizaciones miembro queremos transformar esta realidad, buscando un compromiso firme y estable en materia de género, ya no sólo con la defensa de la no discriminación interseccional por razón de discapacidad y sexo, sino por la verdadera necesidad de impulsar un cambio político que convierta los sutiles avances que hemos venido provocando en relación con la igualdad entre la mujer y el hombre, en sólidas políticas de igualdad para todos y todas, que sirvan para luchar contra la discriminación múltiple contra las personas basada en desigualdades estructurales.

Un ejemplo claro de multidiscriminación lo podemos encontrar en la crisis financiera y económica actual, que nos ha hecho reaccionar sobresaltados por las posibles consecuencias para la discapacidad, sin hacernos reparar, sin embargo, en su importante componente de género en aquéllas. Desafortunadamente, hasta ahora las respuestas iniciales ante la crisis y los planes de recuperación que se han presentado a distintos niveles no han sabido reconocer su impacto de género, menos aún, ligado éste a la discapacidad. Sin embargo, tal y como señala, entre otros, el Lobby Europeo de Mujeres, es sabido que la crisis afecta más gravemente a las mujeres en mayor riesgo de discriminación múltiple, de manera directa (dado que produce una disminución de sus ingresos, sus posibilidades de encontrar trabajo y sus prestaciones sociales, aumentando aún más sus desigualdades estructurales) e indirecta (mediante recortes en las prestaciones sociales y el traslado consiguiente de parte de la carga de cuidados del estado a las familias, especialmente a las mujeres, que siguen siendo las encargadas principales de proporcionarlos).

Por eso, a pesar del compromiso que hemos ido adoptando desde el tejido asociativo de la discapacidad para luchar por la igualdad como principio básico de nuestras organizaciones, todavía dista mucho de conseguirse la incorporación de la transversalidad de género en nuestras políticas de trabajo, especialmente en lo relativo a la gestión de recursos (humanos y financieros), servicios sociales, comunicación y, sobre todo, en la toma de decisiones. Aunque existan ejemplos aislados de buenas prácticas, la puesta en marcha de la transversalidad de género, sigue limitándose, en la mayoría de los casos, a la incorporación de la mujer en estructuras específicas u órganos meramente representativos, en vez de suponer un proceso de cuestionar y transformar las propias políticas y organizaciones para conseguir la igualdad para todos y todas. Además, la aplicación del principio de transversalidad de género sigue dependiendo en gran parte de la voluntad política de las personas a título individual, de forma que cuando éstas se marchan, los avances se pierden.

Para lograr, pues, cambios verdaderos en el sector de la discapacidad que puedan convertirse en acción transformadora de una sociedad más igualitaria, es necesario comenzar asegurando el compromiso por la igualdad de manera clara y sin reservas, a través de políticas específicas, mecanismos institucionales, así como programas y medidas interseccionales de acción.

En general, se puede decir que las organizaciones que formamos parte del tercer sector de acción social nos hemos caracterizado por impulsar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales de la ciudadanía, de lograr la cohesión y la inclusión social en todas sus dimensiones y de evitar que determinados grupos sociales, como el de las personas con discapacidad, queden excluidos de unos niveles adecuados de bienestar. En nuestro caso concreto, estos compromisos los hemos llevado al terreno de la discapacidad, buscando a través de nuestra acción directa en la gestión de servicios y nuestra capacidad de interlocución política la no discriminación e igualdad de oportunidades para las personas que representamos y por las que trabajamos.

Pese a estos esfuerzos en cuestiones de justicia social e igualdad que hemos venido desarrollando a favor de las personas con discapacidad y de sus familias, no siempre hemos prestado atención al desequilibrio existente entre los sexos, no sólo en nuestras estructuras, sino también en el desarrollo de nuestras políticas y programas. Más allá del cumplimiento de la legislación vigente, tenemos una responsabilidad ineludible en la construcción de la igualdad de oportunidades y trato entre los sexos y debemos sentirnos concernidos también por ese otro compromiso de justicia social.

En líneas generales, podemos decir que las organizaciones de la discapacidad componen un sector de actividad profesional feminizado (entre el 60/70% del personal remunerado son mujeres), en el que las condiciones de empleo de las trabajadoras son de menor calidad que las de sus compañeros, dado que no se les ofrece posibilidades efectivas para la conciliación, como resultado de la falta de consideración de cómo afecta el género en las condiciones laborales(jornadas parciales, contratos de duración determinada...). Pese a esto, existe un mayor porcentaje de mujeres en tareas de voluntariado e intervención directa en nuestras organizaciones. En suma, estamos reproduciendo la división estereotipada de tareas en función de las atribuciones de género, dado que las mujeres trabajan mayoritariamente en los ámbitos de intervención y los hombres en los puestos de responsabilidad, donde desde luego están sobrerrepresentados.

Sin embargo, sería un error pensar por nuestra parte que la alta proporción de mujeres trabajadoras dentro de nuestro tejido asociativo garantiza que estemos incorporando y trabajando por la igualdad de trato y oportunidades, porque estaríamos contribuyendo al efecto perverso de invisibilizarlas, ya no sólo en las relaciones de poder, sino también en el respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales con respecto a sus grupos de referencia.

No podemos tampoco pasar por alto actitudes negativas o escépticas hacia la igualdad como consecuencia de lo que se puede considerar una sobrevaloración de los efectos del género en la vida de nuestras respectivas organizaciones, que están provocando el rechazo determinadas estrategias dirigidas a fomentar la igualdad por considerarlas molestas, cansinas y repetitivas en los discursos políticamente correctos), porque tales actitudes se van a traducir en una flagrante discriminación hacia más de la mitad de las personas que forman parte de nuestros respectivos movimientos y base asociativa. Está claro que las relaciones de género no son estéticas, por lo que nos exigen repensar algunos de los planteamientos teóricos y nuestra forma de proceder al respecto.

Ante el riesgo de retroceder en el breve camino ya recorrido en pro de la igualdad, se hace necesario que los poderes públicos, así como las entidades del tercer sector asumamos políticas, planes y medidas de igualdad que reduzcan la discriminación intersectorial con base en el género desde un enfoque de doble vía: desde la propia misión, visión y valores de la entidad, ya sea ésta de incidencia política y defensa de derechos, ya sea de gestión y prestación de servicios y apoyos, así como desde sus procesos de gestión de los recursos disponibles (humanos, financieros, materiales, de comunicación o estratégicos).

Desde el primer enfoque, se debe garantizar la correcta transversalidad de género en las actuaciones, servicios y programas que desarrolla la entidad, atendiendo de forma sistemática a las necesidades prácticas y estratégicas de las personas usuarias, hombres y mujeres.

Para ello, es necesario establecer, en primer lugar, sistemas de registro con datos desagregados por sexos y otros indicadores sensibles al género en los programas y servicios comunes, que nos permitan conocer cómo se comportan aquéllos con respecto a su distribución entre las personas beneficiarias de los mismos, buscando las causas que originen los desequilibrios, así como los mecanismos que lo sostienen, para posteriormente aplicar medidas que lo eliminen a través de evaluaciones adecuadas.

En segundo término, es importante analizar los ámbitos de actuación en los que la organización tiene que prestar una atención específica por razón de género a sus posibles beneficiarios y beneficiarias con discapacidad, diseñando para ello programas específicos de atención basados en las características de cada sexo. Los escasos estudios sobre la materia en personas con discapacidad señalan la salud, la violencia y el abuso, así como los derechos sexuales y reproductivos, entre otras, como áreas que deben ser atendidas por separado desde las necesidades y demandas expresadas por hombres y mujeres respectivamente.

Para ello, se debería asegurar una correcta formación en materia de género de las personas que tengan que asumir estas tareas en la organización, las cuales deberán de velar por la inclusión de la perspectiva de género en las actuaciones, servicios y apoyos ofrecidos. Es un error dar por sentado que, por el simple hecho de que el personal técnico de las organizaciones de discapacidad sea mayoritariamente femenino, todas sus profesionales van a trabajar con perspectiva de género.

        Por su parte, desde la vía de los procesos de gestión, se hace igualmente necesario protocolarizar el compromiso explícito y el reconocimiento público de la entidad en el ámbito de la igualdad, garantizando que el enfoque de género está sistematizado e incorporado a la gestión y la cultura de la organización.

Así, en materia de gestión de los recursos humanos, las organizaciones de discapacidad deberían impulsar acciones que aseguraran la igualdad y no discriminación de sus plantillas, implantando medidas tales como promover la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones; asegurar una mayor incorporación de hombres como profesionales y personal administrativo; impulsar programas de formación y apoyo técnico dirigidos a mujeres, tanto para formarlas en puestos directivos, como para capacitarlas después; promover el desarrollo de políticas, planes y medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral e implicar a los hombres en ellos, entre otras posibilidades.

En cuanto a la gestión de los recursos económico-financieros, se debe hacer un esfuerzo por lograr que también los presupuestos de las organizaciones de discapacidad sean sensibles al género. Este concepto implica introducir la perspectiva de género en todas las etapas de los programas, proyectos, actividades y estrategias de la organización, buscando para ello que los intereses, necesidades y prioridades de hombres y mujeres en sus distintos grupos sociales estén adecuadamente incluidos. Dicho examen supone un reordenamiento de las prioridades presupuestarias para la organización desde una perspectiva inclusiva, garantizándose así un reparto equitativo de los recursos económicos de la organización.

Importante será también prestar atención a los productos informativos y la estrategia en materia de comunicación que pueda desarrollar una organización, dado que se trata de una herramienta que puede llegar a ser clave en el apoyo activo a las cuestiones de género. De ahí que se tenga que velar por considerar el impacto de género en los procesos de preparación, edición y transmisión de información de las organizaciones, no sólo en sus productos de comunicación (boletines, notas informativas, artículos en prensa, folletos y carteles, programas de radio, materiales divulgativos...), sino también en los procesos de comunicación individual de sus líderes (discursos, intervenciones, conferencias...). Al mismo tiempo, sería adecuado producir productos informativos dirigidos específicamente a las mujeres sobre cuestiones que les atañen directamente, a través de materiales divulgativos que les lleguen fácilmente, incluido la reserva de un espacio específico en la Página de Internet corporativa de la organización. [..........]




Ana Peláez Narváez
Presidenta del Comité de Mujeres
del Foro Europeo de la Discapacidad
Fuente: Manifiesto de los Derechos de las Mujeres y Niñas con Discapacidad de la Unión Europea. Una herramienta para activistas y responsables políticos.

[1] Ad hoc module of the EU Labour Force Survey (LFS) on people with disabilities and long term health problems, 2002